En un encuentro técnico que reunió a la academia con profesionales del MINVU, la SEREMI MINVU RM y el SERVIU de la Región Metropolitana, se debatió la urgencia de actualizar la normativa urbana frente al cambio climático y se anunció un nuevo estudio de riesgo para la zona central de la cordillera.

En el marco de un debate técnico e institucional que reunió a especialistas del ámbito académico con equipos de gestión de riesgo, se abordaron las complejas tareas de planificación y mitigación socionatural que enfrenta el país.

El encuentro puso foco en la necesidad de superar la visión tradicional de “monoamenaza” para avanzar hacia un enfoque integral de multiamenazas, interpelando directamente la forma en que las instituciones del Estado, los municipios y la sociedad civil gestionan el crecimiento urbano sobre áreas de riesgo.

El Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana (s), Mauricio Gallardo Soto, dio su saludo a los asistentes y enfatizó que, “tenemos muchos funcionarios dispuestos a mojar la camiseta, este equipo lo hace de verdad con corazón y pensando en las familias. Como parte de ese compromiso, anuncio que realizaremos un exhaustivo estudio de riesgo de toda la parte central de la cordillera, un proyecto complejo cuyas bases ya estamos preparando gracias al financiamiento del gabinete”.

Durante la instancia, los expositores enfatizaron que los eventos aluvionales e inundaciones —como los registrados históricamente en la Quebrada de Macul o recientemente en San Carlos de Apoquindo y Talagante— demuestran que las amenazas geográficas exponen democráticamente a la población, sin distinguir su condición socioeconómica. No obstante, se advirtió que la capacidad de recuperación posterior es profundamente desigual: mientras los sectores de altos ingresos logran una reconstrucción individual inmediata, las comunidades vulnerables y los asentamientos precarios quedan atrapados en condiciones de transitoriedad y expuestos a peligros colaterales, tales como los incendios debido a la materialidad de sus viviendas.

Ante este escenario, agudizado por el cambio climático, el cual provoca oscilaciones drásticas entre la escasez hídrica y la sobreacumulación de agua a corto plazo, la academia planteó la urgente necesidad de reevaluar el límite de la “Cota 1.000”. Los expertos sugirieron analizar una rebaja de la regulación urbana a los 750 metros sobre el nivel del mar, advirtiendo que, en torno a la cota actual ya se emplazan importantes infraestructuras de salud y educación que responden a lógicas de planificación del pasado. Esta medida obligaría a introducir modificaciones profundas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su respectiva ordenanza.

Por su parte, las autoridades ministeriales valoraron la discusión. Asimismo, junto con reconocer el compromiso 24/7 de los equipos de emergencia en terreno, se realizó una defensa histórica del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994, destacando que fue un instrumento visionario para su época, que introdujo normativas de riesgo fundamentales cuando las inundaciones en la capital se consideraban un evento natural inevitable.